Por Wilson Tapia Villalobos
Hoy está claro que el sistema neoliberal, la ética y la política, no hacen una combinación fácil. Más bien, su resultado es deplorable si se lo mide desde el respeto a los valores o del ejercicio político como una actividad que persigue el bienestar colectivo. En cambio, en la perspectiva del sistema económico, cumple su objetivo a cabalidad.
Lo que vemos en la actualidad es que el éxito ha reemplazado a la felicidad como la meta de la vida. Y eso marca una diferencia inconmensurable respecto de cuáles eran los parámetros que se había impuesto la sociedad. La felicidad son estados de ánimo que el ser humano puede ir alcanzando en las distintas etapas de la vida y en ella inciden diversos factores. El éxito, en cambio, es un disfrute egótico y generalmente es mensurable en metálico.
Una sociedad que solo persigue el éxito está condenada a mantener una competencia sin límites entre sus integrantes. Y mirando con algo de detención lo que está ocurriendo en la actualidad, nuestra organización social comienza desde la más temprana educación a formar seres humanos para que compitan entre ellos. Hasta los jardines infantiles tienen sistemas de selección. Y ello se repite en la Educación Básica, Media y Superior. Así, nadie puede extrañarse de lo que ocurre en el manejo de la sociedad y en la inserción que tienen mujeres y hombres en ella.
En el último tiempo hemos ido conociendo detalles que nos escandalizan. El desempeño del poder sin respetar ningún parámetro ético ha puesto en cuestión a toda la institucionalidad democrática. Y los escándalos de corrupción, abusos y transgresiones a los límites ideológicos siguen causando dudas mayores. Ahora nos ha correspondido saber que el Partido Socialista (PS) se financiaba gracias a sus inversiones en sociedades anónimas. Con el agravante de que a lo menos dos de ellas (Soquimich y Pampa Calichera) pertenecen mayoritariamente a Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet. Pero eso no es todo, otras inversiones del PS estaban en compañías de electricidad, agua potable, autopistas, con las cuales sus parlamentarios, concejales, alcaldes, debían tener relación directa o indirecta y ello podía desembocar, tarde o temprano, en conflictos de intereses. Las posibilidades de que tal cosa ocurriera aumentaban significativamente desde el momento en que los socialistas formaban parte de la coalición de Gobierno que se instauró inmediatamente después de la dictadura.
Entre los años 2000 y 2004, el PS recibió del Estado $7.200 millones. Era el pago correspondiente a diversas propiedades expropiadas por la dictadura. Cinco años más tarde, dicha suma había aumentado hasta llegar a los $13.794 millones. En lo realizado por los socialistas no hay nada ilegal. Su accionar era permitido por la legislación nacional hasta el año 2016, cuando se reforma la Ley de Partidos Políticos. En este caso, el problema no es que se haya caído en acciones dolosas contrarias a la ley. El cuestionamiento proviene desde una matriz que los partidos políticos deben cuidar tanto o más celosamente: el apego a los valores que marcan su ideología. Y el ideario del Partido Socialista de Chile no permite que su dirigencia asegure la supervivencia de la colectividad usufructuando de los beneficios que puedan otorgar acciones de compañías que fueron arrebatadas al Estado y entregadas por la dictadura a personajes tan cercanos al dictador, como su yerno. Es poco comprensible que los socialistas chilenos no exhibieran la solidez y honorabilidad ideológica mínimas que les obligaba a desempeñarse pulcramente bajo las reglas del juego capitalista. De no hacerlo, se alejaban por completo de la imagen que proyectaba el Partido al que perteneció el presidente Salvador Allende.
Pero este es un punto discutible. Hoy el PS no se declara marxista como antaño, sino socialdemócrata. Y la Social Democracia se ha venido acercando cada vez más a una vertiente liberal. Que es lo que marca la denominada tercera vía, creada por Anthony Giddens, impulsada el ex primer ministro inglés Tony Blair, y que entre los socialistas chilenos ha tenido como uno de sus adalides al ex presidente Ricardo Lagos.
El hecho que la situación haya sido conocida en estos momentos, no es casual. Se da dentro de los parámetros de una campaña presidencial que se anuncia plagada de golpes bajos. Muy apropiada para el momento que vive la sociedad chilena, en que a diario se conocen nuevos antecedentes de corrupción y abusos de poder. Y nadie se salva del juicio crítico de la ciudadanía. Lo llamativo del caso socialista es que son precisamente ellos, como Partido, los protagonistas del escándalo. En la derecha y en las campañas de la Concertación y la Nueva Mayoría, se han conocido casos de financiamiento irregular. Pero faltaba este condimento brutal de la renuncia ideológica en pos del beneficio económico.
Sin embargo, en el estrecho universo de electores que votan, estas situaciones no parecen pesar. De no ser así, Sebastián Piñera no podría haber sido Presidente de la República, ni menos postularse a un segundo período. Su intervención en la quiebra del Banco de Talca, que lo transformó en prófugo de la justicia durante un largo período, debería haber bastado para evitar su candidatura a senador. Y luego, el aprovechamiento de información privilegiada, en el caso de la venta de acciones de Lan, debería haberle impedido llegar a la Primera Magistratura. No fue así. Y en la campaña actual, el espeso velo que cubren sus inversiones y el volumen real de su patrimonio debería ser otro obstáculo. Pero nada augura que eso ocurra.
Todos estos hechos avalan el desprestigio de la política. Y mientras la ciudadanía crea que el no votar es un castigo para quienes ejercen el poder, las cosas seguirán igual. Parece evidente que los cambios que deben hacerse son de fondo. Un sistema que muestra al éxito como meta suprema, necesariamente obliga a pensar en que el fin justifica los medios. Y en ese terreno, la ética desaparece y la política se transforma en una simple correa de trasmisión de un poder que es corrupto.