EL “TEJADO DE VIDRIO” POLÍTICO DE LOS ACUERDOS

Por Rodrigo Durán Guzmán.

No cabe duda que los casos Penta, Caval y muy especialmente la arista SQM, de la cual aún se siguen conociendo nombres, ha sido uno de los golpes más duros y letales para la clase política, especialmente en cuanto a la relación con los ciudadanos y la opinión pública en general. Y si a lo anterior le agregamos el reciente hallazgo de que la estatal Codelco también habría realizado “aportes” a entidades políticas la historia pareciera nunca acabar.

Pero paradójicamente son este tipo de hechos, que traspasan sesgos e ideologías, los que unen transversalmente a todos los actores en pos de acuerdos institucionales que otorguen cierto grado de estabilidad a un convulsionado sistema político. Y es que si con la creación de la Nueva Mayoría no dejó de ser llamativa la convergencia tanto del PC como la DC en un mismo conglomerado lo cierto es que un acuerdo, que va desde la UDI hasta el PC, ciertamente es para no quedar indiferente pero seamos claros: una cosa son los acuerdos instrumentales y otra muy distinta los cambios en el comportamiento y conductas humanas de quienes ejercen el poder.

En el caso de nuestro país la historia, desde el retorno a la democracia, no ha estado exenta de episodios vinculados a casos de corrupción, que han terminado en grandes acuerdos, tales como la “ley del amarre”, esa que fue convenida entre Pinochet y Aylwin en la cual se establecía que ninguno de los ex funcionarios de confianza del régimen militar podía ser despedido por los gobiernos democráticos, y si estos decidían renunciar, entonces se les tenía que pagar una indemnización millonaria, muy superior a la que era hasta entonces vigente. Sobre el fallecido general imposible no recordar además los famosos “pinocheques”, el denominado caso Riggs y el caso de tráfico de armas entre Chile y Croacia.

Continuando este superficial barrido histórico, no por el fondo sino porque sólo mencionaré algunos ejemplos, llegamos al denominado caso Inverlink el cual consistió en defraudar tanto al Banco Central como a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Y sin lugar a dudas, uno de los más emblemáticos, corresponde al caso MOP-GATE en el cual la cartera ministerial de Obras Públicas pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos que jamás se habían llevado a cabo (le suena conocido) al mismo tiempo que la empresa Gestión Administrativa y Territorial (GATE) recibió pagos injustificados por autopistas concesionadas y proyecciones desde el año 1997. Dicho sea de paso destacar que el MOP-GATE salió a la luz pública como resultado de las investigaciones realizadas por el Caso Coimas. Y así podríamos seguir nombrando otros casos tales como el caso Toldos, los “empleos brujos”, el caso Publicam y un largo etcétera.

Este tipo de prácticas o situaciones no son, desafortunadamente, nuevas en el quehacer político. Lo que sí ha cambiado es el escenario informativo donde hoy sí existe una incipiente opinión pública que no sólo buscar estar informada del acontecer sino que además opina y exige conductas mínimas de probidad, vocación y transparencia a sus representantes. En la actualidad aquello que era propio del mundo privado ha dado paso a la instalación de una esfera pública donde hay todo por descubrir.   Por esta razón, e independiente si se concreta o no el acuerdo de casi todos los sectores y actores políticos, lo relevante del actual contexto es sacar lecciones y conclusiones. Porque aquí no se trata de hacer acuerdos porque sí, por la simple razón de querer tapar el sol con un dedo o por el simple hecho de apelar a la mala memoria histórica que, podríamos suponer, iría en retirada.

Lo importante de todo esto es establecer un categórico “nunca más”, un acuerdo nacional que implique sanciones a los involucrados y no impunidad. Que quienes están siendo investigados no vuelvan a ejercer cargos públicos ni de representación popular y donde el “caiga quien caiga” sea mucho más que una frase de buena crianza en tiempos de crisis. Hoy la clase política tiene una oportunidad inmejorable para comenzar a reconstruir el vínculo de confianza con la ciudadanía en acuerdos, que revistan la seriedad y sentido país que Chile se merece, o caer en las lógicas simplistas de acuerdos por el simple hecho de acordar el resguardo de intereses particulares por sobre el bien común.