GOBIERNOS COMUNALES: EL ESLABÓN PERDIDO

Los legisladores parecen encargarse de defender los privilegios de las tiendas políticas por sobre el verdadero interés de los habitantes de las comunas.

Por Arturo Alejandro Muñoz

La base de nuestra estructura republicana –más allá de la Constitución Política y de la separación de los poderes del Estado- se encuentra en la acción de los municipios, lugares en los cuales la gente debería tener directa participación a través de las organizaciones comunitarias que resultan ser, a la postre,  la voz oficial de los vecinos que habitan en las comunas, y estas, sin duda, en su sumatoria, son el alma del Chile real.

La ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos, modificada por la ley 20.500, otorga escuálidas (casi nulas) facultades  resolutivas a esas organizaciones, ya que en el articulado vigente los términos de mayor uso son: consultar, opinar, proponer, etc., pero escasea el verbo “decidir”.  Se trata entonces de una oferta amplia y extensa cual océano, aunque tan solo con un milímetro de profundidad. ¿Por qué? ¿Tan poco confía el legislador en la capacidad de los chilenos que no son dirigentes políticos ni postulantes a parlamentarios?

Los vecinos, legalmente hablando, en materias municipales y comunales tienen derecho a voz, solo a voz,  jamás a voto. Excepción hecha de algún plebiscito comunal, pero estos eventos plebiscitarios acaecen casi únicamente en las comunas grandes, las poderosas…nunca en las pequeñas.

Lo anterior, en la realidad diaria de las comunas (especialmente en las rurales),  resulta más doloroso –vergonzoso, sería el término apropiado- ya que cualquier falla o deseo inefable de la autoridad local hace directo daño en la vecindad. Basta dar una rápida ojeada a las noticias de cada jornada para percatarse que la atención de autoridades  y de la prensa siempre se centra en acontecimientos ocurridos en las grandes metrópolis, o en las ciudades  capitales de regiones. Ello es comprensible, pues la mayor parte de la población (y del electorado) se concentra en esas ciudades.

La desatención oficial de las instituciones en  relación a pueblos y ciudades pequeñas  se observa no sólo en el accionar de los entes contralores sino, también, en organismos tan relevantes como FONASA, el ISP, SERVIU, el MOP, etc., los que en las comunas rurales brillan por una burocracia derivada tal vez del desinterés prohijado por la escasa parafernalia mediática.

Las dudas, más allá del accionar de tales instituciones,  apuntan al quehacer de algunos alcaldes de comunas que aportan exigua votación a la hora de dirimir contiendas electorales a nivel regional o nacional. Soy consciente de que, por ejemplo, la Contraloría no da abasto para fiscalizar de manera permanente a esos municipios, eso es una realidad, sin embargo  podría pensarse que las otras instituciones hacen su pega como Dios manda… pero tampoco es así… y por ello algunos ediles se transforman de la noche a la mañana en una especie de reyezuelos que ejercen sus cacicazgos cual si fuesen dueños de las cosas, las aguas, las gentes, las tierras… y las platas, por supuesto.

¿Quién, realmente, los fiscaliza? ¿Quién se ocupa de que las decisiones (cuando las hay) de las instituciones ‘que funcionan’ se cumplan? Lo pregunto porque muchas veces el cuerpo colegiado llamado Concejo Municipal sirve tanto en esto de la fiscalización como un grito en el desierto. Allí, en el Chile profundo (es decir, en 200 de las 345 comunas existentes en el país), no hay prensa, no hay televisión, no hay interés mediático; por lo tanto, algunos ediles hacen lo que les da la gana ya que tienen claro que  no sufrirán problema alguno por ello.

Con mayor razón un alcalde actuará como se le antoje si está bajo la protección de equis senador o diputado que, para ser riguroso en el comentario, lleva tanto tiempo en ese cargo –cuestión que le ha permitido estructurar una verdadera red de dudosa moralidad en su distrito- que incluso tiene fuerza e influencia no solo para manejar autoridades regionales a su amaño, sino para imponerlas en La Moneda a través de nombres que son de su corral.

Todo ello conforma una situación preocupante, más aun al sospechar que las autoridades nacionales pareciesen no mostrar el debido interés en tales asuntos, pese a que es un hecho de la causa señalar cuán deficiente es –en muchas comunas pequeñas- la atención y calidad de la salud y la educación pública, salvo excepciones, como en todo orden de cosas.

Las organizaciones comunitarias requieren de mayor poder, no sólo posibilidad de opinar, sino de decidir. ¿Por qué no revestir a sus dirigentes –electos democráticamente- con fuero laboral, a objeto de que puedan intervenir a nombre de los vecinos sin arriesgar sus fuentes laborales ante venganzas y revanchismos que son propios en algunos ediles de comunas rurales? La discusión está abierta, el problema se encuentra sobre el tapete… las autoridades nacionales tienen la palabra.