Por Bernardita Frez, Directora del Proyecto Juntos por la Reinserción.
Los conceptos “cárcel” y “niños y niñas” podrían parecer inconexos. Sin embargo, no lo son. Las penas privativas de libertad acentúan problemas sociales profundos, y afectan a muchas más personas que solo a las que están en prisión. La experiencia de tener a un padre, madre o adulto significativo privado de libertad genera consecuencias negativas en la vida de los niños y niñas, y en todos los ámbitos en que se desarrollan (1). El contexto de vulnerabilidad familiar, social y económica en el que crecen, se agudiza cuando uno de sus padres va a la cárcel (2). Por si fuera poco, los niños, niñas y adolescentes con padres encarcelados (NNAPEs) suelen ser juzgados y estigmatizados, debido a la condena que recibieron sus cuidadores. Además de las consecuencias sociales y económicas, sufren serios daños en su vida afectiva y emocional, generadas por el castigo social y el quiebre en el núcleo familiar (3). Por estas razones, el hecho de que niños, niñas y jóvenes crezcan con padres en la cárcel está lejos de ser un problema privado. El encarcelamiento parental a una edad temprana se asocia con eventuales comportamientos antisociales en el futuro, entre los que se destacan acciones delictuales, consumo de drogas, deserción y fracaso escolar, desempleo, problemas de salud mental (4), y una larga lista de dificultades.
Esta realidad es especialmente preocupante en Chile, donde hay 54.101 personas en las cárceles de acuerdo a la estadística penitenciaria entregada por gendarmería el 31 de julio del 2023. Un gran porcentaje de ellos tiene hijos. De hecho, en un estudio reciente, 7 de cada 10 adultos que están en la cárcel señalaron tenerlos, con un promedio de 2,5 hijos (5). En el caso de las mujeres, 9 de cada 10 son madres, y el promedio de hijos aumenta a 2,7 (6). Algunas de estas madres cumplen su condena viviendo en recintos penitenciarios junto con sus hijos menores de 2 años. Al menos 122 niños y niñas están actualmente en esta condición. Para afrontar esta realidad, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Leasur y Red de Acción Carcelaria, impulsaron el proyecto de Ley Sayén (Boletín N 11073-07) –que está esperando su votación en la sala del Senado— que modificará el Código Procesal Penal, con el objeto de permitir que las madres, y las personas embarazadas o que tengan el cuidado personal exclusivo de una niña o niño menor de 2 años de edad, no cumplan su sentencia en un centro penal, sino que puedan acceder a modalidades de cumplimiento alternativas, como la libertad vigilada intensiva.
El mecanismo de libertad vigilada intensiva obliga a las personas condenadas a participar en programas sociales que les entreguen herramientas para disminuir las probabilidades de que vuelvan a delinquir, a la vez que garantiza a la sociedad que la persona volverá a la cárcel si no cumple con las condiciones, o si comete otro delito. Estas disposiciones se encuentran en línea con el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Además, se basan en la experiencia internacional. Si se logra la aprobación de aquel proyecto de ley será, sin duda, uno de los avances más significativos en un cumplimiento humanitario de las penas privativas de libertad.
La realidad carcelaria se perpetúa en la vida de los hijos de las personas privadas de libertad. En América Latina y el Caribe, el 26,8 % de la población penal tiene familiares que también formaron parte de ella (7). Ante tal circunstancia, debe abordarse la situación de los jóvenes infractores de Ley. En la última década, el SENAME —reformulado como el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil— ha atendido a más de 165.000 de ellos, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (8). Lamentablemente, a lo largo de ese tiempo, muchos han pasado a formar parte de la población penal adulta. De hecho, el 47% de ésta señala haber comenzado su “carrera delictiva” antes de los 14 años (9). Y el 43% pasó por un centro del SENAME, antes de estar en la cárcel siendo adulto (10). Para evitar que los jóvenes y adultos de nuestro país continúen trayectorias delictuales, y como consecuencia, sean privados de libertad, se requiere invertir mayores esfuerzos en (re)inserción social.
La (re)inserción social de jóvenes y adultos es posible, y contribuye a romper círculos de delincuencia, ya que propicia que las personas que infringieron la ley hagan un cambio hacia conductas prosociales, que puede perdurar en el tiempo, y lograr el desistimiento del delito, en la medida que abarque un desarrollo y acompañamiento integral de la persona. La (re)inserción no beneficia únicamente a las personas que infringieron la ley. Sino que promueve el bienestar de todo el entorno familiar, favoreciendo directamente a los hijos e hijas y, previniendo de esta forma, que aumente la exposición de estos últimos a uno de los factores de riesgo de conductas delictivas, que es tener a un adulto significativo en la cárcel. Evitar que niñas, niños y jóvenes sean afectados por el encarcelamiento de sus adultos significativos y, ciertamente, prevenir que ellos mismos sean privados de libertad, genera beneficios para toda la sociedad.
Quienes no están relacionados directamente con aquella realidad, de igual manera pueden involucrarse en la (re)inserción social. Podemos comenzar por hablar de ella. Hacerla notoria como alternativa que busca disminuir la reincidencia delictual, para que no caigamos fácilmente en la creencia de que la cárcel es una solución efectiva para el problema de la delincuencia —pese a que hoy hay más personas privadas de libertad que nunca antes, la inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la gente—. Si hablamos de (re)inserción estaremos invitando a más personas a considerar otras estrategias, más humanitarias y enfocadas en la rehabilitación, para enfrentar los problemas sociales que nos afectan, entre ellos la inseguridad y delincuencia, que son constantemente parte del debate público. Pero también la desigualdad que genera una serie de situaciones de precariedad, que contribuyen a la delincuencia y al encarcelamiento. Hay cientos de motivos por los que es importante que todas las personas hablemos de Reinserción. Uno de ellos es el hecho de que reintegrar a una persona en la comunidad significa brindarle también una oportunidad a sus hijos, de que la cárcel y el entorno delictivo no sean parte de su cotidianeidad.
Juntos por la Reinserción es una red de organizaciones y emprendimientos que buscan disminuir la reincidencia delictual a través de la inserción laboral de personas con antecedentes penales. Son impulsores del proceso participativo #HablemosdeReinserción, junto con más de 25 organizaciones que trabajan por la (re)inserción en Chile.
¡Súmate! Desde el 6 de septiembre al 27 de noviembre, comparte cuál es tu forma de ver la (re)inserción social, y elijamos juntos una fecha para instaurar oficialmente el Día de la (Re)inserción Social.
Más información en www.juntosporlareinsercion.cl en @juntosporlareinsercion
(1) NNAPEs Plataforma regional por los derechos de los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, Las voces de los niños, niñas y adolescentes con un padre, madre o tutor privado de libertad, pág. 2
(2) NNAPEs Plataforma regional por los derechos de los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, Las voces de los niños, niñas y adolescentes con un padre, madre o tutor privado de libertad, pág. 2
(3) NNAPEs Plataforma regional por los derechos de los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, Las voces de los niños, niñas y adolescentes con un padre, madre o tutor privado de libertad, pág. 2
(4) Iván Lizana Mc Millan y otros, Impacto del encarcelamiento sobre los hijos e hijas de madres en privación de libertad. La experiencia en el centro penitenciario femenino de San Joaquín, pág. 7
(5) Ana María Morales y otros, Estudio sobre los niveles de exclusión social en personas privadas de libertad, pág. 61
(6) Ana María Morales y otros, Estudio sobre los niveles de exclusión social en personas privadas de libertad, pág. 61
(7) Eric Olson, Familia, niños y delincuencia: La violencia como herencia, 20 de julio de 2018. https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/familia-ninos-y-delincuencia-la-violencia-como-herencia/
(8) Consulta realizada al SENAME a través de su cuenta pública, 5 de julio de 2023, pág 1
(9) Ana María Morales y otros, Estudio sobre los niveles de exclusión social en personas privadas de libertad, pág. 11
(10) Ana María Morales y otros, Estudio sobre los niveles de exclusión social en personas privadas de libertad, pág. 11