Por Rafael Pastor Besoain
Director Escuela Derecho y Trabajo Social, U.Central
Los gobiernos en general en materia de integridad pública y por actúan más bien reactivamente. Las mejores razones para abordar las problemáticas que ellas contienen suelen provenir de las crisis, atendido a que éstas las visibilizan y posicionan mejor en la agenda pública. Así estas crisis se transforman en verdaderas ventanas de oportunidad para los gobiernos, que a la postre, si son bien manejadas, pueden concluir en reformas modernizadoras.
Como olvidar los casos emblemáticos: MOPGATE, Caso Penta, SQM y CAVAL, Chiledeportes, entre otros, que permitieron avanzar en la consolidación de reformas institucionales para generar mejor institucionalidad en el enfrentamiento de la corrupción, el riesgo moral de la agencia humana, como también el acceso a la información pública como medio para la superación del problema que la acción colectiva conlleva.
Pero la lucha contra la corrupción, la opacidad, los conflictos de interés, el tráfico de influencias, entre otros, exigen un esfuerzo continuo por parte de los estados en la ejecución efectiva de estas políticas, tal como lo requiere un problema tan pedestre como la higiene bucal. Si no te lavas los dientes todos los días, y dejas de ir al dentista una vez al año, las caries llegan irremediablemente. Lo mismo ocurre con estos problemas. Requieren de una atención estatal permanente.
Por todo lo anterior es que cobra tanta importancia la Agenda de Integridad Pública y Transparencia recientemente anunciada por el Ministro Gonzalo Blumel. Primero, debido a que la iniciativa no es la respuesta a una gran crisis de corrupción política, a pesar de haber existido varios otros casos como el Milicogate, fraude en Carabineros, por nombrar sólo algunos; segundo a que la agenda corresponde a una verdadera política de estado debido a que recoge no solamente proyectos de ley que fueron presentados por el actual gobierno sino que también anteriormente.
En conjunto todas estas iniciativas, una vez implementadas adecuadamente, le permitirán a Chile completar el sistema de integridad de nuestro país, en conformidad a las recomendaciones de organismos internacionales, tales como la OCDE y la UNCAC. El esfuerzo no es menor, fundándose en cuatro principios que dan lineamientos normativos a la acción del gobierno para que sea abierta (el gobierno como un bróker de datos públicos gratuitos e interoperables), moderna (una gestión pública más eficiente e efectiva), cercana (erigirse como un puente entre el Estado y las personas) e inteligente (uso de datos públicos con big data y IA).
Las medidas de esta agenda complacen por su relevancia y avance constitucional, pero poseen muy baja difusión. Incluyen el Proyecto de Ley de Transparencia 2.0, el Proyecto de Ley que fortalece la Integridad Pública, el Proyecto de Ley sobre Protección de Datos Personales, y el Proyecto de Ley de Transformación Digital del Estado.
Todos estos proyectos de ley son buenas intenciones, pero sólo tendrán impactos positivos en la medida que el gobierno los implementa adecuadamente. Habrá que tener especial cuidado en la priorización de estas políticas, su financiamiento, coordinación intersectorial y secuencialidad. Felicito al gobierno por todo esto, pero hay que recordar que el diablo siempre está en los detalles. Las iniciativas legales por sí solas no bastan.