Por Carlos Guajardo Castillo
Académico Facultad de Educación, U.Central
Estas últimas semanas, el Ministerio de Educación ha estado en la palestra debido a los más de 800 estudiantes que se encuentran sin ser matriculados en el Sistema Escolar. Desde los cuestionamientos al Sistema de Admisión Escolar (SAE) implementado hace ya algunos años, a una supuesta plataforma premium contratada a una empresa extranjera por el Mineduc. Dichos que el mismo ministro Cataldo ha debido llamar a investigar ya que esto atenta con la legalidad a la hora de ofrecer una matrícula en orden prioritario.
Las consecuencias pedagógicas que esto trae para los estudiantes a estas alturas del año, pueden llegar a ser complejas cada vez que la progresión de los objetivos de aprendizaje formulados por las Bases Curriculares merece un proceso de diagnóstico, nivelación y evaluación. Es decir, si un niño pierde clases en asignaturas claves como: lenguaje, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales, a su vez, disipa la posibilidad de desarrollar las habilidades y actitudes que se incluyen durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. Sin mencionar el retraso que se arrastra al retomar la presencialidad post pandemia del COVID 19, así como, el estado socioemocional de estudiantes y profesores.
Otro factor determinante, es que cada día que pasa, los estudiantes van perdiendo la motivación por aprender en un aula de clases, sin un profesor y sin compañeros que son una parte central en el proceso formativo de todo ser humano. Detonando una consecuencia aún mayor, que es la deserción definitiva del sistema, principalmente en los adolescentes entre 14 y 17 años.
En definitiva y más allá del problema administrativo por la falta de cupos, debemos poner sobre la mesa el daño intelectual y emocional de estudiantes, profesores, directivos y apoderados, quienes más tarde tendrán que doblegar el esfuerzo por acompañar a estos más de 800 sujetos que no regularizan sus estudios a lo largo del territorio nacional.