La Verdad Detrás de las Millonarias Pensiones que Reciben los Condenados por Violación a los DD.HH.

Por Felipe Henríquez Órdenes
Voz Ciudadana

El próximo paso de las Organizaciones de Derechos Humanos es pedir que los militares criminales y violadores de derechos humanos sean degradados para quitarles sus beneficios. Presentado por el diputado DC Gabriel Ascencio en 2010, el abogado Nelson Caucoto afirma que “la palabra degradar es quitar el grado a una persona en el ámbito militar y es una pena que lleva indudablemente al condenado a privarle derechos, beneficios y honores que haya obtenido durante el transcurso de la carrera militar”.

¿Cómo se debe enfrentar la situación de aquellos militares que tuvieron directa participación en los atropellos a los personas y crimenes que fueron juzgados, están pagando sus culpas y que mantienen sus rangos militares, con todos los beneficios especialmente los económicos?

El diputado (DC) Gabriel Ascencio, presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional en el 2010, con el que se buscaba modificar el Código de Justicia Militar, ya que en este no considera la deshonra para aquellos uniformados que hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Ascencio añadió que “la pena de degradación producirá la privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares, el retiro absoluto de la Institución, la incapacidad absoluta y perpetua para servir en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, la pérdida a perpetuidad de todos los derechos políticos activos y pasivos, y la incapacidad para desempeñar, a perpetuidad, cargos, empleos y oficios públicos“.

El abogado Caucoto explica que “la idea de este proyecto es que los militares violadores de derechos humanos sean condenados y no puedan seguir gozando de los privilegios y los honores que les concede el grado que han obtenido, lo que es contradictorio, ya que en este momento se condena a una persona y, sin embargo, sigue ostentando su grado y sigue recibiendo pensiones y beneficios”.

En síntesis, hoy en día los violadores de los derechos humanos, criminales y terroristas de Estado que están procesados por la justicia pueden recibir sus jubilaciones, sus asignaciones por “servicios a la patria”, léase asesinatos en masa, entre otros, y si éstos trabajan para el Estado pueden además recibir su sueldo sin ningún problema.

¿Qué haremos nosotros como chilenos conscientes de que esta situación no puede seguir en estas condiciones? En crímenes de lesa humanidad, Violadores de los Derechos Humanos simplemente NO pueden recibir dineros públicos.

¿Seguiremos esquivando un tema del cual ya no merece ninguna discusión más que proceder a hacer real justicia en un Chile que ha esperado 40 largos años por justicia que ha sido obstruida por un manto de impunidad que incluso los gobiernos democráticos, una vez iniciada la “transición a la democracia”, han mantenido con los criminales, un abominable pacto de silencio?

Que las Organizaciones de Derechos Humanos en Chile, hoy exijan que, el proyecto no puede ser retroactivo, es decir, que los violadores de derechos humanos del ámbito militar del pasado no sigan gozando de las prerrogativas que tienen hasta el día de hoy y sólo los que se conocieran de aquí en adelante sufran las penas corporales de privación de libertad, que tengan penas de degradación y así sientan realmente el peso de haber cometido los más horrendos crímenes de lesa humanidad durante la operación de exterminio Pinochetista, forzado por cobardes soldaditos militares, durante los 17 años de Terrorismo de Estado en Chile.