Por Dr. Eliseo Lara Órdenes
Director Pedagogía en Educación Media
Universidad Andrés Bello Concepción
Desde el término del confinamiento en que nos tuvo la pandemia, hemos visto un aumento significativo de situaciones de violencia en distintas escuelas del país, pues como dato, solo en el primer semestre de 2022 hubo más de 4.700 denuncias, según los registros de la Superintendencia de Educación. Una cifra preocupante y que activó un plan de trabajo que se viene implementando desde el Ministerio de Educación. Sin embargo, en las últimas semanas, no solo estamos viendo situaciones de violencia social, con diversos crímenes y actos delictivos, sino algo más sintomático y preocupante aún; la violencia verbal y la denostación en la clase política.
Desde finales de los años ´80 en Europa se comenzó a poner una mirada al problema de la violencia escolar, llegando a identificar distintos fenómenos entre los que destacó el Bullying, en 1994, por Dan Olweus y cuya repercusión rápidamente se conoció en el mundo anglosajón. Allí, el abordaje de la violencia en las escuelas tenía un componente psicosocial que derivó en la preocupación por el clima escolar.
Sin embargo, para el caso latinoamericano, esta inquietud tenía un sentido relacional político, ya que se trabajaban estrategias que fortalecieran la convivencia democrática, puesto que el horizonte del momento (años ´90) estaba en el proceso social de las post-dictaduras y, por ende, de una reconstrucción de la convivencia en democracia. De ahí que, la convivencia democrática sea un eje articulador con la educación para la paz, tema considerado dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
En este escenario, entonces, resulta incoherente, por decir lo menos, que la clase política esté por una parte buscando mecanismos de mejora de la convivencia escolar y por otra, dando muestras de una relación social tensionada y cargada de violencia simbólica, discriminación, homofobia, exclusión e intolerancia. Pues no sólo evidencia una ignorancia respecto de la historia, sino también de la educación, donde justamente el espíritu que ha movido reformas y normativas es el establecimiento de una convivencia sana y de respeto por las diferencias sean de tipo político, religioso, de género, clase social o étnico. Situación lamentable, porque indica un síntoma de intolerancia social, que, de no mediar mesura y reparo, será muy difícil de erradicar de los establecimientos educacionales. La convivencia escolar necesita de una ejemplar convivencia social y política.