Por Héctor R. Jara Paz.
Denuncias de un programa televisivo en Chile, apuntan a las debilidades del modelo de libre mercado. El principio de autorregulación empresarial que justifica la marginación del Estado en las actividades económicas, se derrumba estrepitosamente ante los ojos de los únicos damnificados, los ciudadanos.
El Transantiago, que fuera la principal bandera política de la derecha política en contra de la actual Presidenta en su anterior gobierno, se devuelve como un boomerang en contra del modelo económico.
En efecto, uno de los problemas más sensible de la población santiaguina desde hace años, es el sistema de transporte público, cuyo estigma de la derecha fue su marcha anticipada para beneficios políticos. Posteriormente, cuando la calidad del servicio y las máquinas en recorrido empieza a decaer, el discurso se centró en la evasión, es decir, los culpables eran los propios usuarios del sistema que evadían el pago. Luego del programa exhibido el día 23 de septiembre, surgen dudas que van más allá de esta actividad del actual modelo económico.
El modelo creado, se sostiene en el pago por parte del Estado por kilómetros recorridos. Esta fórmula, equivalente a un subsidio al sector privado, era violada sistemáticamente por los diferentes recorridos. Los usuarios empezábamos a observar el recorrido más recurrente y sistemático en nuestras calles, cuyos letreros de servicio dicen “en tránsito”. Luego del programa televisivo, se prueba que estos recorridos “en tránsito” eran en realidad recorridos “fantasmas”, buses que salían a contaminar las calles sin pasajeros, total, el Estado pagaba por kilómetro recorrido. Esto se sumaba a sindicatos de trabajadores formados por los propios empresarios para burlar la legislación y acallar las denuncias de los verdaderos dirigentes sindicales, reacios a las coimas. Esta actividad empresarial es la que tiene un número abismante de sindicatos en relación a la cantidad de trabajadores que posee, caso único en la actividad privada, dado que el mayor porcentaje de sindicalismo existente en Chile, considerando a las tres centrales sindicales reconocidas, se centra casi exclusivamente en las pocas empresas públicas que existen en el país. Ahora se entiende el porqué de esta atomización del movimiento sindical, una estrategia al servicio del lucro empresarial, que no tiene límites éticos en la actual sociedad chilena.
La minimización del Estado en el caso chileno hace irrisoria las posibilidades de fiscalizar el cumplimiento de las leyes, por muy progresistas que se hagan parecer. La capacidad de fiscalización en materias laborales, sanitarias y ambientales que afectan las áreas industriales de los principales grupos económicos del país, son proporcionalmente insignificantes. Si a esto se suma, el que el monto de las multas es igualmente marginal, es decir, por más que se sorprenda una violación a los códigos y normas regulatorias existentes, no afecta las utilidades del negocio, nos encontramos con un modelo que estimula la violación de una escasa normativa y una evasión de los códigos existentes.
De este modo, es fácil exhibir una eficiencia del sector privado a la hora de los balances, dado que los costos los “paga moya”, como acostumbramos a decir en Chile cuando nadie se hace responsable de los daños y termina pagando el fisco. Esta es la realidad de un modelo que insiste en rentabilizar el negocio privatizado del área social, es decir, negocios que no se sostienen por las simples variables del mercado y que deben ser subsidiados por el Estado. Así lo es en la vivienda social, en la salud pública y más triste aún, en el sistema Educacional chileno, donde este negocio es defendido transversalmente por una parte de la clase política comprometida en sus intereses particulares y por la Iglesia Católica, que a la hora de los negocios, priman sus intereses comerciales por sobre los principios cristianos.
A esta hora, el logo del transantiago, llamando a la “honestidad” de los pasajeros deberá cambiar de idea… digo yo.
Santiago, 24 de septiembre de 2014.