Por Alejandro Lavquén
Los dichos del diputado Ignacio Urrutia (UDI) contra las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, los adherentes del ex candidato presidencial José Antonio Kast, burlándose de los detenidos desaparecidos arrojados al mar luego de descerrajarles el abdomen, las declaraciones fanfarronas de la ex cantante Maldonado, y otros tantos hechos similares, no son casualidad. Obedecen a una campaña –que se ha intensificado- para colocar las violaciones a los derechos humanos en una categoría de acontecimientos menores y aislados, incluso exagerados por las víctimas. Llegándose incluso al intento de legitimar los crímenes de la dictadura con frases como: “algo habrán hecho”; o, “en algo estarían metidos”.
Ahora, ¿quién o quiénes podrían estar detrás de esta campaña? No sería aventurado señalar Punta Peuco y a “ex” agentes de la DINA-CNI (y colaboradores civiles), que continúan pasando piola y enquistados en círculos de poder, y que, además, son protegidos por los altos mandos de las FF.AA. Existen fundadas sospechas para pensarlo.
Por otro lado, vale la pregunta ¿Por qué se permite, en Chile, que los propios criminales, o quiénes los defienden de manera cómplice, actúen con tal impunidad? La respuesta es clara, los culpables de esta permisividad han sido, primero los dirigentes y parlamentarios de la Concertación, y luego los de la Nueva Mayoría, que desde 1990 a la fecha, en vez de ponerle un parelé a situaciones como las que describimos, optaron por someterse a la derecha y a una supuesta “democracia republicana”, donde todos debemos reconciliarnos con todos, porque todos fuimos culpables del “quiebre de la democracia el 11 de septiembre de 1973”. Desde la Concertación/ Nueva Mayoría jamás impulsaron, por ejemplo, una ley que castigara con cárcel la defensa pública del genocidio ocurrido en Chile, o que el pinochetismo fuera declarado fuera de la ley. Por el contrario, permitieron que se fortalecieran las posturas de la derecha, acabando con los medios de comunicación alternativos o incorporándose muchos dirigentes concertacionistas a instituciones de la derecha (Paz Ciudadana, por ejemplo), o a directorios de empresas (AFP), etc. Y si algo de justicia se ha logrado en este país se debe exclusivamente a la lucha y movilización de las agrupaciones de derechos humanos y de quienes las han apoyado en un cien por ciento, no de los que apoyaron “en la medida de lo posible”. También debemos mucho a las investigaciones periodísticas que develaron, en diversos libros, los crímenes de la dictadura.
¿Cambiará esto alguna vez? Para que esto ocurra, la gente tendría que tomar conciencia de lo grave de la situación y no volver a elegir, en el Parlamento, o permitir que participen, en un gobierno, personajes de la calaña de Enrique Correa, Pepe Auth, Sergio Bitar, Mariana Aylwin, Andrés Zaldívar, José Miguel Insunza, Ximena Rincón, Francisco Vidal, Soledad Alvear, toda la UDI, RN y un largo etcétera, . Tampoco debería permitirse, por ley, que los medios de comunicación den tribuna a defensores de los genocidas, y del golpe de Estado de 1973, como Hermógenes Pérez de Arce, Teresa Marinovic o Sergio Melnick. Por algo hay que comenzar.