Por Samuel Fernández
Académico Facultad de Derecho, U. Central
Tres días en Venezuela para evaluar los Derechos Humanos y emitir un diagnóstico, por la Alta Comisionada Michelle Bachelet. Materializando, por fin personalmente, el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2018), precedido de una avanzada que fundamentó su primera relación, donde priorizó las vulneraciones a los derechos civiles y políticos, que comprometían las libertades fundamentales, aumentadas por las sanciones.
Su resumen, más centrado ahora en las violaciones de derechos humanos, las constató con testimonios dramáticos, torturas, obstáculos de acceso a la justicia, y otros atropellos oficialistas. Aumento de las vulnerabilidades y represiones a manifestantes; escasez en la salud, alimentos, energía, y agua; éxodo de venezolanos, su lucha por libertades; y búsqueda de soluciones negociadas, donde citó las de Oslo.
Pudo dialogar con Maduro y Guaidó, y sus principales colaboradores. Le dieron las facilidades necesarias y ofrecieron acuerdos. Comprometió el apoyo de la ONU, sus agencias, y la instalación de dos observadores para ayuda técnica a la sociedad civil. Instó a la colaboración de todos. Presentará su informe al Consejo. Será determinante la objetividad sin ideologías. El Consejo de 47 países, decidirá, políticamente.
Ha sido útil para que la comunidad internacional se entere, si bien la prensa ya lo ha informado todo, ni sea el fin de la crisis institucional, o de las carencias, ni acordado soluciones. Sólo, un paso más.