Por Omar Sagredo
Politólogo, Encargado del Archivo Oral de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
A mediados de julio, desde el comando del candidato presidencial de la coalición Chile Vamos, Sebastián Piñera, emergió una controversial propuesta acerca de la creación de un Museo de la Democracia. La iniciativa ha generado un intenso debate entre diversos sectores sociales y políticos, enmarcados en los todavía vigentes, debates de la sociedad chilena sobre su pasado reciente.
Representantes del campo ideológico de la derecha conservadora, como Gonzalo Rojas y la línea editorial del periódico El Mercurio, han señalado la necesidad de entender la democracia chilena desde lo que han denominado un ‘enfoque integral’, enfatizando en que la democracia contemporánea habría nacido mucho antes que 1990, respaldada por las contribuciones del régimen de Augusto Pinochet. Por tanto, sería necesario incluir en este nuevo museo el contexto político existente antes del golpe de Estado de 1973 y las acciones refundantes de la dictadura cívico-militar, en particular, la Constitución Política de 1980. Por otra parte, en respuesta a la idea de establecer un museo de esta naturaleza, el Director Ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Estévez, indicó que la iniciativa representa un intento por restar importancia a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura, buscando reescribir la historia del país a partir de la idea de que el golpe de Estado fue necesario.
Por su parte, los propulsores de esta iniciativa, el ex Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet y el jefe programático de la campaña del ex Presidente Piñera, Gonzalo Blumel, han afirmado que buscan destacar el proceso transicional chileno, relevando la consecución de estabilidad, crecimiento económico y reconciliación.
Si bien se trata de una propuesta que aún carece de contenidos concretos, es posible identificar, al menos, tres interrogantes en torno a la creación de un Museo de la Democracia, de acuerdo a la información disponible y las declaraciones de aquellos actores responsables de la idea. En primer lugar, existiría un problema de carácter museográfico, condensado en la pregunta acerca de cómo representar la democracia. ¿Son ya la transición y los primeros gobiernos de la post-dictadura partes de la historia o continúan en el campo de la memoria? Esta cuestión es clave para comprender los criterios sociales, académicos y museográficos que pueden asignarse a un espacio público como el museo. Entendiendo, además, que los museos no son espacios neutrales, sino, más bien, lugares donde habitan memorias que pueden ser ‘ejemplificadoras’, es difícil imaginar qué acuerdo social sustentará esta propuesta.
En segundo lugar, y en relación con lo anterior, surgiría un nudo complejo relativo a las necesidades sociales a las que este museo apuntaría. En este sentido, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, así como los sitios de memoria, como Villa Grimaldi, que hoy operan con criterios museísticos, tienen como objetivo contribuir a la convivencia democrática a partir de la preservación y difusión de las memorias relativas a las víctimas del terrorismo de Estado. Desde esta perspectiva, podemos preguntarnos cuáles principios motivarían el funcionamiento de un espacio público destinado a la promoción del régimen democrático. Este asunto se expresaría fuertemente al momento de definir cómo se relacionará este museo respecto de la comunidad con la que busca dialogar.
En tercer término, podemos abordar quizás la interrogante más importante: ¿qué democracia se busca presentar? Se trata de un asunto de enorme trascendencia, pues existen dos perspectivas para entender la democracia, las cuales, determinarían el relato sobre nuestro pasado. Por una parte, la democracia institucional, la que se concentra en el avance en materia de democratización entre las organizaciones de gobierno, y, por otro lado, la democracia participativa, centrada en el involucramiento y el ejercicio ciudadano más allá de la votación electoral. Para la elite política chilena, resultaría conveniente representar la primera versión de la democracia, destacando los logros en materia de estabilidad política y obviando la marginación de un número importante de la sociedad respecto de los asuntos públicos y la propia política.
En definitiva, frente a la ausencia de certezas sobre un Museo de la Democracia, y en consideración de las constantes críticas al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, es probable que la derecha busque la reinterpretación de su rol en el gobierno dictatorial, donde no sólo fueron “cómplices pasivos” (término utilizado por el ex Presidente Sebastián Piñera para referirse a aquellos que conociendo los delitos de lesa humanidad de la dictadura, guardaron silencio), sino activos defensores de Pinochet y su legado. Pretender transformarse en protectores de la democracia, es una acción que oculta el pasado de la derecha chilena como agentes golpistas y responsables civiles de las violaciones a los derechos humanos. El modelo de democracia que se exhibirá destaca los valores de un régimen procedimental que no contemplaría la participación social como elemento fundamente de la convivencia democrática. En este sentido, restar importancia a la fuerza social que presionó por el retorno de la democracia, centrándose en los acuerdos político-partidistas y el plebiscito de 1988, implicaría desconocer el aporte de la sociedad civil movilizada en la lucha por el respeto a los derechos humanos y la democratización.