Por Alberto Núñez, candidato a senador Quinta Región.
Existe en trámite una querella contra el consejo nacional del PPD y sus candidatos al Parlamento por militantes fabricados desde 1987, que de prosperar implica la ilegalidad y por tanto la nulidad de las candidaturas.
En el Chile actual, donde se ha infectado tanto la institucionalidad que solo se hace deseable que esta vergüenza comience a ver su final en noviembre próximo, mi obligación hacer presente las futuras consecuencias en la integración al Congreso Nacional de candidatos del PPD, en las que la estrategia de patear para adelante el problema y la invisibilizarían de este candidato al Senado por Valparaíso, no resolverá la grave crisis que tendremos como país si la acción penal prospera.
En síntesis, en 1987 el naciente PPD disponía en sus estatutos que para ser militante se requería solicitud de ingreso, aceptación posterior por la Directiva y posterior concurrencia del solicitante a firmar los registros de militantes. Miles de personas realizaron el primer trámite estatutario, pero jamás se realizaron los otros dos. Hasta hoy el PPD no ha tenido una posición oficial del asunto, y obviamente lo está dejando debajo de la alfombra. Y sabe que ocuparse hoy, es darme tribuna.
Presenté la querella primero contra quienes resultaren responsables y luego ampliada se dirigió contra todos los miembros del Consejo Nacional del PPD y todos los candidatos a Diputados y Senadores presentados por esta agrupación. Admitida a trámite por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, no ha tenido movimientos por el Sr. Fiscal, no obstante, perseveraré sobre ella pasadas las elecciones, porque al decir de los comunistas la “correlación de fuerzas” habrá cambiado.
Cada candidato al Congreso del PPD bien sabe que no firmó ningún registro porque nunca lo hicieron, y seguramente se habrá dado el breve trabajo de leer sus propios Estatutos originales, como lo podrá hacer cualquier autoridad y público en general, convenido por los operadores jurídicos que las normas sobre partidos políticos son de derecho estricto, de derecho público. La nulidad de derecho público no se ha subsanado, y este grupo PPD no ha llegado a constituirse como partido legalmente, por lo que no pudo nunca presentar candidatos al Congreso ni menos a la Presidencia.
Entonces, ojo con las consecuencias de un congreso ilegalmente integrado, porque de prosperar mi querella, implica la ilegalidad y por tanto la nulidad de las candidaturas. Por lógica derivación la nulidad de la investidura.
No debería la Nueva Mayoría, ni ninguno de los partidos que apoyan al mal candidato Guillier, desdeñar esta acción penal, porque si por desgracia para los intereses de Chile tiene asidero, prospera, todos los candidatos que hayan resultado electos y se integren al Parlamento, entre ellos el delfín Lagos Weber, quizás Marco Antonio Núñez y probablemente varios de los 59 candidatos querellados, deberán ser desprovistos del cargo, porque los presentó un grupo que no tenía la calidad legal de partido político.
No es un tema menor como se podrá ver. Imaginemos la cantidad de leyes y acuerdos que se adoptarán en el Congreso antes que el Poder Judicial independiente de Chile se exprese, en lo que como querellante pondré especial empeño. Solo aquellas leyes en donde las Comisiones la presencia de esos señores no haya sido significativa para la aprobación de los Informes, así como en las leyes que en su aprobación no hayan logrado mayoría dependiendo de sus votos, tendrán valor. Las demás serán absolutamente inconstitucionales. Si tengo la fortuna de llegar al Senado, en cada actuación mía dejaré constancia de este asunto, porque no voy a ser cómplice complaciente de tal arbitrariedad.
En lo personal, he dado lo que llamo mi primera pelea correcta (en redes sociales están ampliamente informados los detalles) y los partidos de todos los sectores, especialmente la Oposición, deberían preocuparse del asunto. Se ha dado una dura batalla por sanear la política chilena y no deberíamos dejar este grave episodio para después de noviembre.