[quote align=”center” color=”#999999″]Recuerdo ese episodio patético en que Sergio Bitar quiso demoler un vetusto puente de mediados del siglo XX y contra la calidad de su estructura nada pudieron los dinamitazos programados frente a las cámaras de televisión. [/quote]
Por Hernán Narbona
@hnarbona
Ahora, el país enfrenta con desconfianza el caso del puente levadizo Cau Cau, en la Región de Los Ríos que nunca funcionó, que recuerda sospechosamente errores como el Transantiago o escándalos como el MOP GATE, con un gasto sin fondo y un Contratista que cobró grandes sumas en concepto de sobreprecio para corregir defectos que nunca superó.
La Contraloría General de la República inició un sumario al cuestionar los fundamentos que expresó el Ministerio de Obras Públicas para aprobar, en junio del año pasado, más de 1.800 millones de pesos extras para la empresa Azvi Chile, que estaba a cargo la construcción del Puente Cau Cau. En esa línea, la Contraloría instó al MOP a “arbitrar las medidas tendientes a obtener la restitución de los montos pagados en exceso” en un plazo de 60 días hábiles, y también se instruyó el inicio de “un procedimiento disciplinario tendiente a identificar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que aceptaron la modificación del proyecto”.
¿Qué conclusiones se puede sacar de estos dos momentos en las obras públicas chilenas?
La primera apreciación es que en Chile hubo calidad en obras públicas, sin necesidad de contratistas externos y que esos puentes o carreteras siguen firmes, a pesar del paso de las décadas. Lo segundo, es que la contratación del MOP en este proyecto amerita una auditoría integral, que verifique las especificaciones técnicas y económicas, toda vez que siempre la ejecución de un contrato considera inspecciones y control de avances, lo que condiciona los pagos. Las exigencias económicas del contrato siempre consideran multas por atrasos y garantías suficientes para un fiel cumplimiento. Resulta impresentable, entonces, las aprobaciones de cobros adicionales por mayores costos que alguien aprobó, pero que el contratista debió prevenir. Por lo tanto, cabe la duda razonable sobre el celo fiscalizador del MOP y la rigurosidad técnico jurídica aplicada al caso.
Discovery Channel llevó a la TV el “horror de cálculo” tras el puente Cau Cau. Frente a este reportaje, los ejecutivos del MOP han puesto el grito en el cielo y han ninguneado la investigación realizada por el canal. Le han echado la culpa al periodismo de ventilar un caso de antología y eso de culpar a los medios se hace recurrente en las autoridades, en vez de asumir la impericia y mala gestión. Se está jugando con el prestigio de la ingeniería chilena. La transparencia que espera la ciudadanía es saber cuánto cuesta ese puente en cualquier país del mundo y cuánto ha terminado pagando el Estado por una obra que se ha convertido en un monumento a la ineptitud y una vergüenza internacional.
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