Por Verónica Lizana Muñoz
“Verán ustedes: si en vez de un palacio de cristal tengo un simple gallinero, cuando llueva podré cobijarme en él; pero, aunque le esté muy agradecido por haberme preservado de la lluvia, no lo tomaré por un palacio. Ustedes se ríen y me dicen que en este caso un palacio y un gallinero tienen el mismo valor. Y yo les responderé que así es, pero que no vivimos sólo para no mojarnos” (Fedor Dostoievski. Memorias del subsuelo, 2008: 53).
Durante estos últimos años, he observado con mucho pesar cómo “el mundo de la academia”, con los instrumentos que otorga la Ley, recurre a las Fuerzas Especiales para desalojar reiteradamente a los/las estudiantes “en toma”. O hace llamados públicos para enfrentar cara a cara a la Comunidad Universitaria, como si cada estamento estuviera disputando “un trofeo de guerra” en un campo de batalla. Una situación lamentable que termina dándole “palco o legitimidad” a las posturas más radicales de todos los bandos, genera graves daños en las dependencias e infraestructuras en cada toma, re-toma y desalojo… u ocasiona desconfianzas o recesos permanentes hacia las figuras de autoridad. Las que van perdiendo legitimidad cuando recurren sistemáticamente a “una fuerza altamente militarizada” para ahogar las demandas del movimiento estudiantil…
Justamente, el año pasado como “libre pensadora” presenté esta problemática a las autoridades universitarias de una Casa de Estudios Superiores. Donde expuse que la violencia policial no podía anteponerse o reemplazar las mesas de diálogo y formas de negociación… ni el uso indiscriminado de bajas calificaciones podía emplearse como medida de presión para “infantilizar” la vuelta a clases… Una estrategia para obligar a los/las estudiantes que “re-tomen” sus obligaciones, quiebren su propio movimiento estudiantil y le den punto final al conflicto. Si bien, esta opinión se condice con la Misión y Visión de una universidad acreditada por el Estado, puesto que considera a los/las jóvenes como Sujetos y no como Objetos… Con quienes se puede conversar sobre los marcos éticos, ámbitos de acción y mecanismos operativos de una movilización, adoptando acuerdos sensatos o asumiendo responsabilidades compartidas ante sus causas y consecuencias… Curiosamente, el curso que impartía hace varios años en dicha institución, “no completó las vacantes suficientes…”. Es decir, “me desalojaron” literalmente de la programación académica porque “la disidencia en el campo de las ideas” se castiga con la expulsión, la censura o la indiferencia.
Quizás, este es el precio que debemos pagar docentes y estudiantes cuando “el libre pensamiento” se opone “al silencio cómplice”.
Comparto con Ustedes estas reflexiones porque independientemente de estar o no de acuerdo con las demandas estudiantiles, mis funciones como Profesora contribuyen a la conformación de una Comunidad Universitaria. Donde se esperaría que “las buenas razones” orientaran la solución pacífica de conflictos y el dialogo entre sus integrantes. Porque son preocupantes las palabras que han puesto de moda las actuales autoridades políticas:
- “La justicia debe ir acompañada de una activación de la comunidad escolar: directivos, estudiantes, docentes, asistentes de la educación, la propia Dirección de Educación Municipal y los apoderados. Los Consejos tienen facultades resolutivas otorgadas hace ya más de 3 años, por lo tanto en esa materia son una voz muy importante” (Toha, 2016).
- “Enviaremos un oficio al Consejo de Defensa del Estado para que inicie acciones civiles en contra de los apoderados de los niños y jóvenes que participaron de estos condenables hechos de destrucción del INBA” (Orrego, 2016).
Estas palabras llaman al enfrentamiento público y judicial entre los actores educativos. Quienes deberían activar sus facultades resolutivas para buscar responsabilidades individuales… una vieja estrategia ideológica que sirve, tanto para invisibilizar las causas estructurales de un problema, como para ocultar los intereses políticos y económicos de los grupos que los ocasionan…
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