Por Camila De la Maza
Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción
Como ya es de público conocimiento, dos niños fueron baleados por funcionarios de Carabineros, dentro de una residencia de protección, subvencionada por el SENAME. La situación ocurrida en Hualpén, es una buena muestra de la falla estructural de Chile: la cultura de la violencia, normalizada y validada.
Según lo ha informado la autoridad, frente a la descompensación emocional de un joven, el protocolo es que el dispositivo de salud acuda con auxilio de la fuerza pública, es decir, con Carabineros. Frente a lo cual, es urgente preguntarse si la policía es efectivamente el órgano más idóneo para abordar situaciones de esa naturaleza. Los hechos, dan cuenta de que no lo es, dado que el actuar violento y desmedido de la policía, no es un hecho aislado. Es su práctica habitual. Solo basta recordar, que Carabineros también disparó en el interior de un liceo, en el marco de las protestas de octubre de 2019.
El patrón de comportamiento policial dista mucho de ser protector, especialmente cuando se trata de adolescentes. Y lo cierto, es que no hay escenario que justifique el uso de armas de fuego al interior de una residencia de protección, que tiene a su cargo el cuidado de niños, niñas y adolescentes.
Lo ocurrido en Hualpén es una cadena de horrores que no puede continuar. No basta con la renuncia del General Director de Carabineros. No basta con repudiar los hechos, pero validar que un procedimiento de salud requiera de la fuerza pública. Eso está muy lejos de un estándar mínimo de respeto y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como personas titulares de derechos, sin discriminación alguna, es un imperativo para el Estado de Derecho. Es tiempo de hacer efectivo un compromiso que nuestro país adquirió hace 30 años. No es posible seguir esperando.