Por Emilio Oñate V.
Decano Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central
Los últimos días hemos sido testigos de un accidente carretero en la comuna de Mostazal que dejó seis personas fallecidas y hace unas cuantas semanas nos sorprendimos por un conocido rostro de televisión que señalaba que no era necesario ‘ni seguro’ usar cinturón de seguridad para conducir en la montaña, en medio de un control realizado por Carabineros.
Si bien las mortalidades derivadas de los siniestros de tránsito han disminuido en los últimos años y se han hecho esfuerzos, como la aprobación de una nueva Política Nacional de Seguridad de Tránsito el año 2017, la anterior era del año 1993, y el año pasado se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad Vial, lo cierto es que la experiencia comparada muestra que resulta indispensable para abordar la seguridad vial como una política pública de Estado y prioritaria, una agencia pública que tenga directa capacidad de gestión. La CONASET (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito), el organismo encargado de la seguridad vial en el país, se estructura como un programa gubernamental, no como un servicio público propiamente tal, por lo que no cuenta con facultades normativas ni recursos suficientes, de hecho para el diseño y desarrollo de las estrategias que defina depende de otros organismos o ministerios, no puede proponer proyectos de ley o dictar normas de naturaleza reglamentaria, ni tampoco fiscalizar, por lo que su principal función radica en la coordinación de otros agentes públicos y el involucramiento de privados y actores de la sociedad civil, lo que desde luego es relevante, pero a todas luces insuficiente. El caso español, con la Dirección General de Tráfico DGT, que en las últimas dos décadas disminuyo considerablemente sus cifras de siniestralidad y mortalidad derivada del tránsito es un ejemplo a seguir y constituye una buena demostración de lo que debería ser una nueva institucionalidad para la seguridad vial en Chile.