NIÑOS EN PELIGRO

Las cifras son una clara advertencia de la tendencia sobre las investigaciones en casos de abusos sexuales a menores. Ahora, los responsables legislativos tienen la palabra. Nosotros, mientras tanto, no nos queda más que esperar. Y rezar.

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Cada cierto tiempo, los medios de comunicación nos estremecen con relatos impresionantes de abusos a menores, los abogados querellantes y fiscales luchan por lograr espacios mayores en esos noticiarios, y la población se estremece con los relatos de la policía y los familiares de las víctimas.

Pero la realidad judicial dista mucho de la campaña mediática que emprenden todos los involucrados en estos casos. Y esa realidad asusta. Porque nuestros niños están en peligro.

El abuso sexual a menores debe ser el delito con mayor rechazo social, porque involucra al segmento más vulnerable de nuestra sociedad, el que mayor cuidado nos merece.

Pero las cifras, y la realidad, hablan de un abandono generalizado de todos los estamentos involucrados en defender a los menores.

Las cifras entregadas recientemente por la Fiscalía Nacional, deja sobradamente claro que es mucho más el ruido que las nueces, y que los niños, cómo no, son victimizados en forma constante, sin que, al final de la persecución criminal, se tengan cifras alentadoras sobre un tema extremadamente sensible. Y todos los responsables en que esto se solucione, miran hacia otro lado.

En los primeros cuatro meses del presente año, el Ministerio Público, realizó 6.572 investigaciones por delitos sexuales. 502 de esas investigaciones terminaron en una condena, lo que representa el 7,6%, y otras 5. 076 causas, es decir el 77,2%  quedaron sin responsables.

La sola lectura de estas primeras cifras da claras muestras de que algo, muy importante por cierto, no está funcionando bien en la persecución de estos delitos. Y las causas, apuntan en el Ministerio Público, son por múltiples razones.

Según las mismas cifras, en el 66,5% de los casos investigados o denunciados, no se llegó a una salida judicial, lo que implica que el M. Público cerrara o paralizara las causas por falta de antecedentes suficientes.

Por otra parte, los casos que sí tuvieron una salida judicial, en tanto, 137 causas terminaron en absolución y 365 en sobreseimiento definitivo.

Hasta aquí las cifras duras del estudio, pero las mismas autoridades involucradas en la investigación de estos delitos, apuntan a las dificultades y exigencias que la investigación y los tribunales les exigen, según relata Patricia Muñoz, Directora de la Unidad  Especializada en Delitos Sexuales del M. Público, en entrevista a La Tercera: “ los procesos de investigación de delitos sexuales tienen complicaciones muy particulares, que están dadas por la situación probatoria y la alta exigencia que demanda la acreditación del delito ante los tribunales.”

Por otra parte, la misma funcionaria agrega que,  ” un niño de tres años, por su desarrollo evolutivo, tiene un determinado desarrollo del lenguaje, que le permite entregar la información respecto de lo que ha ocurrido con un estructura limitada por su desarrollo. Lo que en ningún caso implica que el hecho delictivo no haya ocurrido”

Por último, la directora de la unidad especializada del M. Público  explica que, “estamos desarrollando a nivel nacional la formación permanente de fiscales en la entrevista investigativa inicial que se debe tomar, y promoviendo el uso de la grabación de esa entrevista”.

Por otra parte, en entrevista concedida al mismo matutino, el senador DC, Patricio Walker, deja claro cuáles son los problemas que enfrentan las víctimas y sus familiares, “ante el fenómeno de la retractación de menores por presiones, o que los menores que han sido abusados se olviden de los detalles del delito, eso afecta, de todas maneras, la calidad de la prueba”, agregando que, “es fundamental avanzar en la entrevista videograbada, que se realice una vez producido el hecho, y no seis meses o un  año después.”

La sola lectura, en detalle, de las cifras entregadas por el M. Público, nos deja la sensación que algo grave ocurre con la seguridad de nuestros niños.

Desde hace dos años a la fecha, las noticias sobre abusos sexuales a menores, las denuncias sobre el abandono de los menores al cuidado del estado y sus instituciones, la falta de capacidad de maniobra del organismo persecutor, el absoluto destiempo legislativo, son el caldo de cultivo para que los pederastas y abusadores tengan un amplio margen de garantías para salir en libertad, o declarados inocentes.

Y los responsables son muy conocidos.

Por otra lado, como parte de una secuencia que todos conocemos, abogados querellantes y fiscales, dueños de una capacidad comunicacional que impresiona, llevan desde los medios de comunicación las riendas de la justicia, asignando responsabilidades y culpabilidades, con una facilidad que solo logra que la independencia de los tribunales sea puesta en duda.

En días recién pasados, el monitor de computación de un jardín infantil de Vitacura, Juan Manuel Romeo, absuelto de cuatro acusaciones de abusos, que pasó más de un año en prisión preventiva, es el mejor ejemplo de lo que tratamos de colocar como centro de la discusión: la mediatización de los casos, declaraciones destempladas de los querellantes y acusadores, provocan la constante victimización de los menores abusados. Dicho sea de paso, el abogado que promovía las denuncias por el caso “jardín infantil”, se retiró de la tramitación en medio de la investigación.

Las cifras muestran una clara tendencia a que los casos de abusos sexuales a menores no lleguen nunca a juicio, salvo un porcentaje ínfimo. Y eso nos preocupa.

Porque nuestra obligación es denunciar cuando un niño es víctima, y los legisladores deben buscar las soluciones para facilitar el trabajo de los fiscales y policías, y los abogados deben  guardar silencio, para que sea la justicia, por medio de sus tribunales, quien hable con sus fallos. Así los niños volverán a estar seguros.

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