André Laroze, PhD en Recursos Forestales
Secretario Ejecutivo de CERTFOR
El gobierno está realizando un proceso que tiene por objetivo definir la contribución de Chile a la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), compromiso que será presentado ante las Naciones Unidas en el marco de un nuevo Tratado de Cambio Climático, a ser firmado en la COP-21 (Paris, diciembre 2015).
El Proyecto MAPS-Chile preparó la información de base para definir tal contribución, tras evaluar posibles medidas de mitigación de los GEI. Los resultados del estudio indican que las medidas de mayor aporte a la meta son el uso de gas natural para la generación eléctrica y las energías renovables no-convencionales, pero también señalan que la forestación tendría un alto impacto, pues permite capturar 4,4 millones de toneladas anuales de CO2. Esta medida tiene la ventaja de ser costo-efectiva, ya que mitiga las emisiones a un bajo costo por tonelada de CO2 en comparación con otras actividades productivas y energéticas.
De larga data, el Estado ha utilizado instrumentos para fomentar la forestación. Durante 38 años estuvo activo el DL-701, instrumento que dio buenos resultados en términos de superficie y carbono almacenado, según lo indica el estudio “Estimación del Carbono Capturado en las Plantaciones de Pino Radiata y Eucaliptos Relacionadas con el DL-701 de 1974”, realizado por la Universidad Católica de Chile para ODEPA (Ministerio de Agricultura). Sin embargo, la efectividad del DL-701 fue declinando en el tiempo y en 2012 expiró la vigencia de su sistema de incentivos.
Con estos antecedentes, resulta más que oportuno renovar el fomento a la forestación, y para hacerlo, ahora como una medida nacional de mitigación del cambio climático, se deben considerar nuevos incentivos y requisitos para que se incorporen al programa los terrenos frágiles y erosionados que no tienen cobertura boscosa. En tal sentido, se debe tener presente que:
(1) para generar un valor socioeconómico positivo, es necesario que todo el carbono capturado en los bosques establecidos con fondos del Estado se contabilice como un aporte del país al cumplimiento de sus compromisos; no pudiendo por ello los propietarios del terreno transar tales reducciones de GEI en el mercado mundial de los “bonos de carbono”, pues su comercialización privada no se puede incluir en las cuentas nacionales;
(2) para que esta medida de mitigación sea válida internacionalmente, los bosques forestados deben ser manejados de forma sostenible según un estándar reconocido de certificación, de manera que el fomento a la forestación constituya una acción medible, reportable y verificable ante la Convención de Cambio Climático de la ONU.
El Ministerio de Agricultura conformó recientemente un Consejo de Política Forestal, del que las partes interesadas esperamos una pronta discusión sobre los objetivos y funcionamiento del que deberá ser un nuevo instrumento de fomento para la forestación. La participación de la sociedad civil contribuirá a la discusión de aspectos como los señalados anteriormente, para que la implementación de esta política de Estado permita cumplir el compromiso de Chile con la mitigación del cambio climático.