Por Catalina Maluk
Decana Facultad de Economía y Negocios, U.Central
Distintos juicios han pasado por el escaparate mediático tras la iniciativa del alcalde Joaquín Lavín de construir viviendas sociales en Las Condes, decisión a la que se han opuesto los vecinos argumentando que tendría efectos negativos en la plusvalía del sector.
La mayoría de los beneficiarios de este proyecto corresponde a personas de clase media y de sectores vulnerables que han vivido en la comuna. De hecho, uno de los requisitos para postular es acreditar residencia mínima de 10 años, por lo tanto, se trata de vecinos incorporados en la lógica habitacional de su propia comuna.
¿Por qué usar, entonces, un argumento técnico, cuando la negativa parece esconder otros fundamentos?
Ello, pone inmediatamente el dedo en la llaga social del clasismo y la discriminación, pero también deja en evidencia una segregación urbana que hace que, de no mediar una política pública que sea efectiva –y no efectista- levantará movimientos reivindicatorios, como los que enfrenta Ñuñoa, por ejemplo, con allegados que demandan la construcción de viviendas sociales dentro de la comuna.
Sabidas son las enormes distancias intercomunales que, a diario, deben recorrer miles de personas en Santiago para llegar a sus lugares de trabajo. ¿Por qué no permitirles vivir más cerca, si ello incidiría, incluso, en el uso de su tiempo y su productividad laboral?
La conectividad, la cercanía a colegios, al comercio, a centros de salud y áreas verdes debieran ser más que atributos promocionales estándar de tal o cual proyecto inmobiliario publicitado en televisión; son una aspiración legítima que puede estrellarse contra los muros de la segregación, construidos en base al temor del otro.