Por Miguel Sanhueza Olave
Académico Departamento de Electricidad, Facultad de Ingeniería UTEM
La reciente propuesta del Parlamento Europeo para regular la Inteligencia Artificial (IA) marca un hito en la protección de derechos fundamentales en la era tecnológica. La iniciativa establece límites claros para el uso de este tipo de sistemas en la Unión Europea (UE), priorizando la seguridad y el respeto a los valores.
Destaca la flexibilidad de su marco legal, adaptándose a futuras tecnologías y regulando tanto los modelos de IA general como la vigilancia biométrica, temas cruciales en los debates de hoy. La creación de una Oficina de IA independiente, asesorada por expertos, promete garantizar transparencia y ética en su uso.
La propuesta veta sistemas de vigilancia biométrica considerados inaceptables, como el reconocimiento de emociones en entornos laborales y la categorización por creencias o raza. Además, limita rigurosamente el uso de vigilancia en tiempo real en espacios públicos, restringiéndolo a casos de búsqueda asociados a delincuencia.
En cuanto a la IA generativa, se destaca la necesidad de transparencia al indicar si un contenido ha sido generado por IA, asegurando así claridad en su origen.
La idea, en todo caso, no está exenta de desafíos. Intereses particulares podrían obstaculizar su cumplimiento, especialmente en prácticas que invaden derechos individuales.
La normativa -efectivamente- representa un avance hacia regulaciones responsables de la IA en el ámbito europeo. Ocurre que también se busca establecer derechos fundamentales sin frenar la innovación, proponiendo una búsqueda del equilibrio entre el progreso tecnológico y la preservación ética de la sociedad.
En todo caso, para asegurar su efectividad, será crucial superar desafíos y garantizar el estricto cumplimiento de sus disposiciones, priorizando siempre la protección de los derechos individuales en un entorno tecnológico ético y seguro.