UNA POLÍTICA DE CIBERSEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS

Por David Alfaro
Gerente General Arkavia Networks

Recientemente Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica y uno de los primeros en el mundo en incorporar las recomendaciones en gestión de riesgos de seguridad digital emitidas recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Se trata de un importante paso, que le permitirá entregar un ambiente digital seguro a todos los habitantes de dicho país. Desde ahora, el Estado y las empresas colombianas deben implementar acciones para que los ciudadanos realicen, sin temor alguno, compras a través de internet, transacciones en línea, trámites con el Estado, incluso para que participen en foros y grupos con la tranquilidad de que sus datos personales están protegidos.

Pero, ¿cómo estamos en Chile en esas temáticas? En nuestro país, el Ministerio del Interior lidera una iniciativa que busca establecer una Política de Ciberseguridad. Para ello conformó un Comité Interministerial, el cual puso en consulta ciudadana una Política Nacional de Ciberseguridad, que tiene un horizonte inicial 2016 – 2022.

Una política de Ciberseguridad adecuada debiera contener definiciones y lineamientos que permitan establecer figuras legales con las cuales supervisar, perseguir y castigar a los “ciberdelincuentes”, estableciendo una mirada de largo plazo y un desarrollo sustentable de las TIC e Internet.

Pero más allá de aquello, entre sus objetivos debiera estar el resguardo de la seguridad de las personas en el ciberespacio, la protección de la seguridad del país, la promoción de la colaboración y coordinación entre instituciones, y la gestión de los riesgos del ciberespacio.

Aquello requiere de autoridades convencidas de que el ciberespacio no sólo es un lugar de información y entretenimiento, sino un ámbito que amerita protección, ya que puede ser vector de importantes amenazas. Reconocer la extensión del rol y la profundidad del uso de internet debiera llevarlas a impulsar medidas de resguardo que nos protejan en eventualidades de conflictos.

Solo así, tanto los ciudadanos como las compañías podrán tener certeza respecto de la seguridad de sus transacciones y la prevención de fraudes, clonaciones, filtraciones de datos y otros riesgos. Así se verá beneficiado, entre otros temas, el crecimiento del comercio electrónico, los trámites en línea y la consolidación de gobierno digital.

Una correcta política de ciberseguridad permitirá el crecimiento del comercio y la economía del país. Esto, porque reconoce Internet como un polo de desarrollo sustentable de largo plazo, que permite optimizar recursos, tiempo y costos; pero lo más importante, la sitúa como una tecnología que genera empleos, facilita el emprendimiento y colabora con el desarrollo del país.